DIARIO DE BURGOS, 24/01/2018. Contraportada.
Requisitos: ausencia de escrúpulos, ambición
desmedida y fijación por el enriquecimiento. El alumno habrá de contar con un
capital inicial (no es necesario especificar su origen).
El objetivo de esta formación es enseñar a
conseguir ingentes cantidades de dinero público ilícitamente. Se trata, pues,
de una materia con un único fin al que se subordinan todos los medios, no
importa cuáles. Obviamente, toda ideología propensa a la equidad social, la
solidaridad interclasista o la mejora de los servicios públicos es incompatible
con esta cualificación.
La metodología de aprendizaje se basa en la
comprensión de la benéfica relación empresario-político, a un nivel básico. Para
grandes o continuadas operaciones se puede ampliar la relación fabril al
conjunto del partido político.
El empresario, (denomínesele emprendedor si se
prefiere), es el primer elemento necesario. Puede ser un titular único y
acaparador de los beneficios de su empresa o bien un alto cargo de una
multinacional, especialmente del sector obra pública y servicios. El
empresario, en adelante el corruptor,
pondrá en marcha la operación mediante la compra de voluntades ajenas para la
alteración de condiciones legales y manipulación de la libre competencia en
servicios y contratas públicas.
La parte comprada suele ser un político local, a
lo sumo regional. Esta condición es importante dada la tendencia al clientelismo
de la administración municipal, provincial y regional. La condición clientelar
tiene que ver con el secular acaparamiento por parte de ciertos grupos sociales
de los puestos políticos inmediatos, control extendido a la provisión de buena
parte de los puestos de funcionario. Esto permite percibir a la institución
como propia, (léase, de cierto
cuerpo/clase social o partido político). Derivado de ello, el político se
sentirá impune en su vaciamiento de las arcas públicas.
Obviamente, corresponde al empresario el papel más
interesante en esta relación. Amén de obtener el beneficio mayor mediante el
acceso a licitaciones y contratos amañados, sus servicios quedarán fuera de
enojosos controles incrementando aún más sus ganancias al emplear materiales o
servicios de inferior calidad a la que hubiera exigido un concurso limpio. Dado
que los ciudadanos perjudicados ignoran que lo son, esto permite al corruptor
atesorar crédito social.
Otras ventajas añadidas: la justicia española
tiende a dejar libre de encausamiento al empresario corruptor. Las posibles
multas quedan muy por debajo de los beneficios obtenidos.
Abierto plazo de matrícula. 1200 € (solo ahora,
-20%).
