21/2/18

ALLONS ENFANTS...

IGNACIO FERNÁNDEZ DE MATA
DIARIO DE BURGOS, 21/02/2018. Contraportada.

Un himno es un símbolo poderoso, más, si cabe, que una bandera —que representa, pero en su naturaleza simbólica, es fría—. El himno se entiende como expresión oral y musical que celebra una condición colectiva concreta. La conjunción música y, sobre todo, texto, permite la participación de todos en su expresión. Aúna. Un himno solamente musical puede emocionar, pero si además es cantado, enardece.
La vida de los seres humanos está basada en el asociacionismo permanente. Pertenecemos a todo tipo de grupos y colectivos: familiares, de edad, deportivos, de ocio, religiosos, de género, políticos… Inevitablemente, muchas de estas identidades son referenciales: se es de un barrio/pueblo/ciudad/región y no de otro… Estas incorporaciones y exclusiones se combinan complejamente dada la superposición de identidades que todos atesoramos, lo que permite integrar espacios y colectivos hasta niveles de extraordinaria amplitud. Una misma persona logra sumar no pocos himnos que le hagan vibrar según qué contexto —el himno del colegio, el de la santa patrona, el de la ciudad, el equipo deportivo, el grupo excursionista, el partido político… Y, también, el del país, en este caso desde la sublimación de la idea de comunidad, que no puede ser sino imaginada más que real, siendo lo importante la voluntad, el deseo de pertenecer a ella.
Independientemente de ser de izquierdas o de derechas, bajo el marco de los estados nacionales, es perfectamente lícito desear tener un himno que exprese la pertenencia —ergo, querencia, pasión, entrega— a un país. Podemos discutir si la letra de Marta Sánchez debe mencionar o no a Dios, su escasa calidad estética, etc., pero de lo que no cabe duda es que, como comunidad de españoles, nos falta algo. Y aunque el debate sobre el himno nos pueda parecer oportunista, inevitablemente estimulado por la actualidad catalana, lo que me parece absurdo es dejárselo al choque PP-C’s. ¿Cuándo vamos a abandonar esa actitud flagelante de tener que pedir contritamente perdón por sentirnos españoles? ¿Sólo los de derechas pueden ser españoles? ¿Para poder ser español de izquierdas hay que negar ser español? Si queremos hacer país, habrá que nombrarlo, y que pelearlo. De esa pasión nace también la fuerza para transformar y mejorar el país. Y desear cantarlo.



7/2/18

DECRETANDO ¿MEMORIA?

IGNACIO FERNÁNDEZ DE MATA
DIARIO DE BURGOS, 07/02/2018. Contraportada.

La pirueta dada por De Santiago-Juárez en torno a la memoria histórica hace parecer cojitranca a Pinito del Oro. Quiere el vicepresidente de la Junta resolver la hasta ahora institucionalmente inexistente cuestión con un decreto que, por de pronto, sustrae a las Cortes todo debate posible. En Castilla y León, o no hay memoria histórica, o la hay por decreto.
Este borrador permite ver cómo en Valladolid el PP torea al PSOE —o cómo ambos partidos acuerdan sobre sus propios intereses y no los generales—. Ha bastado con que los populares digan con la boca pequeña que reconocen la importancia de la Ley 52/2007, legado de Rodríguez Zapatero, para que el PSOE renuncie a lo que ha llevado a cabo en otros parlamentos regionales: una ley autonómica.
El texto permite a la Junta clasificar, privilegiar o ningunear a algunos de los colectivos memorialistas. La sibilina redacción solo se ocupa de asumir ciertos costes de algunas exhumaciones —100.000 € para 9 provincias plagadas de fosas—. ¿Cómo plantear análisis de ADN o intervenciones memorialistas completas?
 El borrador establece como vinculantes para exhumar el informe favorable de un Comité Técnico que no es sino un comité político —de 7 miembros solo 2 representarían a las asociaciones—. Suman, además, otras obligaciones legislativas sin sentido, y se regula innecesariamente el ya existente derecho a los documentos. Habría también un Consejo Asesor, órgano fiscalizador del destino de parte de las ayudas y líneas de trabajo, cuya composición vuelve a asegurar casi la mitad de los puestos a políticos, con un máximo de 4 académicos —entre los que, por cierto, no se encuentran los antropólogos sociales, posiblemente quienes más han trabajado desde la academia en el conocimiento del sufrimiento y experiencia de las víctimas.
Este proyecto de decreto no trabaja para las víctimas ni afianza memoria democrática alguna —que ni define ni entiende—. Antes bien, usa a las víctimas para anular su capacidad de reivindicación de una memoria pública —en la enseñanza, en los lugares donde sucedieron los crímenes, etc.—, y evitar un encaramiento social de la verdad histórica y de los legados de la dictadura. Un decreto huero con el que sortear la elaboración de una auténtica ley regional de memoria histórica y democrática. Vamos, una estafa. Y por lo que se ha visto hasta ahora, con cómplices…