DIARIO DE BURGOS, 07/02/2018. Contraportada.
La pirueta
dada por De Santiago-Juárez en torno a la memoria histórica hace parecer
cojitranca a Pinito del Oro. Quiere el vicepresidente de la Junta resolver la hasta ahora institucionalmente
inexistente cuestión con un decreto que, por de pronto, sustrae a las Cortes
todo debate posible. En Castilla y León, o no hay memoria histórica, o la hay
por decreto.
Este borrador permite
ver cómo en Valladolid el PP torea al PSOE —o cómo ambos partidos acuerdan
sobre sus propios intereses y no los generales—. Ha bastado con que los
populares digan con la boca pequeña que reconocen la importancia de la Ley
52/2007, legado de Rodríguez Zapatero, para que el PSOE renuncie a lo que ha llevado
a cabo en otros parlamentos regionales: una ley autonómica.
El texto permite
a la Junta clasificar, privilegiar o ningunear a algunos de los colectivos
memorialistas. La sibilina redacción solo se ocupa de asumir ciertos costes de
algunas exhumaciones —100.000 € para 9 provincias plagadas de fosas—. ¿Cómo
plantear análisis de ADN o intervenciones memorialistas completas?
El borrador establece como vinculantes para exhumar
el informe favorable de un Comité Técnico que no es sino un comité político —de
7 miembros solo 2 representarían a las asociaciones—. Suman, además, otras
obligaciones legislativas sin sentido, y se regula innecesariamente el ya
existente derecho a los documentos. Habría también un Consejo Asesor, órgano
fiscalizador del destino de parte de las ayudas y líneas de trabajo, cuya
composición vuelve a asegurar casi la mitad de los puestos a políticos, con un
máximo de 4 académicos —entre los que, por cierto, no se encuentran los antropólogos
sociales, posiblemente quienes más han trabajado desde la academia en el
conocimiento del sufrimiento y experiencia de las víctimas.
Este proyecto
de decreto no trabaja para las víctimas ni afianza memoria democrática alguna —que
ni define ni entiende—. Antes bien, usa a las víctimas para anular su capacidad
de reivindicación de una memoria pública —en la enseñanza, en los lugares donde
sucedieron los crímenes, etc.—, y evitar un encaramiento social de la verdad
histórica y de los legados de la dictadura. Un decreto huero con el que sortear
la elaboración de una auténtica ley regional de memoria histórica y
democrática. Vamos, una estafa. Y por lo que se ha visto hasta ahora, con
cómplices…
