29/9/26

HABITAR

IGNACIO FERNÁNDEZ DE MATA
DIARIO DE BURGOS, 29/09/2026. Página 5.  

El mundo, nuestras sociedades, se divide cada vez más entre los poseedores y los desposeídos. Es un problema viejo, viejísimo, estructural, siempre acuciante y a cuya resolución no debemos renunciar. Los propietarios vienen propugnando desde los arranques del liberalismo una suerte de trato rayano en el privilegio: sólo ellos ─varones, además─ podían votar en razón de su tenencia, y las leyes de las democracias entonces en ciernes, y las hoy ya cernidas, debían legislar para, por encima de todo, proteger la propiedad. Por fortuna, todo es perfectible, la democracia también. El desarrollo del mejor sistema de gobierno que la humanidad ha alcanzado ─por su combinación de la defensa del sujeto, pero también del colectivo; de las mayorías, pero también minorías, todo ello con una lógica aspiración a la equidad y sostenibilidad, a que todo el mundo alcance condiciones de vida dignas y poder vivir en sociedad ejerciendo los derechos básicos─, es la base fundamental de nuestra supervivencia. Hoy más que nunca.

También la propiedad es perfectible. No todo es propiedad privada, también la hay pública, compartida o colectiva. Es ridículo oír a agoreros interesados decir que hay maniobras antipropietariado, soflamas sobre supuestos comunismos de tipo soviético. Cualquiera mínimamente informado se da cuenta de que con un recurso de primera necesidad como es la vivienda, se han alcanzado unas cuotas de sobrevaloración escandalosas, indignantes. Un bien que la propia Constitución española recoge como derecho básico en su artículo 47, junto con el mandato de impedir la especulación.

Hay muchos culpables de la situación actual, algunos de bastante atrás, con pérdidas de políticas públicas o de viviendas sociales que existieron, las burbujas inmobiliarias responsables de corrupciones sin número, la entrada de los fondos buitres, la insumisión legislativa de quienes se niegan a aplicar la Ley de Vivienda… El diagnóstico lo conocemos, pero hay que reaccionar. Hay que hacer una apuesta democrática, positiva, que permita condiciones de vida dignas a nuestros jóvenes, a cualquier persona. Un espacio para vivir no puede ser un bien para la acaparamiento y especulación más soez. No se trata de expropiar a los pequeños propietarios, se trata de producir sociedades más justas y equilibradas, en las que la seguridad se produzca por atender a la dignidad y justicia en el vivir de todos, y no por poner alarmas o muchos más policías, por hacer guetos, por desahuciar y expulsar a nuestros propios hijos, trabajadores, conciudadanos.

 




15/9/26

BIENES SIN INTERÉS

IGNACIO FERNÁNDEZ DE MATA
DIARIO DE BURGOS, 15/09/2026. Página 5. 

 Por medio de un subterfugio legal, triquiñuela que denominaremos romanonesiana, la derecha plusultra trata de sustraerse a la aplicación de la Ley 20/2022, de Memoria Democrática. Una mente administrativista ha pergeñado una estrategia contrademocrática ─otra─ con la que devaluar aún más la caquéxica democracia española.

La Ley 20/2022 busca fortalecer la democracia atendiendo a las muchas tipologías de víctimas generadas por la represión e intolerancia nacionalcatólica. También establece el compromiso del Estado con el Deber de Memoria, reconociendo la larga lucha por la implantación de la democracia plena a partir del constitucionalismo español surgido en 1812, junto a las distintas luchas de sujetos y movimientos sociales por alcanzar las libertades y derechos que hoy disfrutamos. Todo en la más estricta senda del respeto al Derecho Internacional Humanitario, los Derechos Humanos y los Tratados Europeos.

Tales propósitos, sin embargo, no son del gusto de los plusultra. La lógica desaparición de los vestigios franquistas no cuenta con el apoyo de estos pseudodemócratas, que no ven contradicción alguna en su preservación mientras tratamos de consolidar los valores democráticos (constitucionales). O tal vez no. Quiero decir, tal vez ellos no estén en eso.

Proteger los restos de la dictadura franquista mediante la utilización de las leyes de Patrimonio autonómicas es un recurso perverso que, a buen seguro, será anulado por el Tribunal Constitucional. Por más problemas que podamos percibir en la gestión del patrimonio, una democracia no puede declarar los residuos de una dictadura tan cruel y represiva como fue la franquista, como un bien de valor patrimonial. Esta corrupción absoluta del valor patrimonio supone enaltecer la represión más sangrienta, la intolerancia, la falta de derechos y libertades. Casos como la Cruz de los Caídos de Cáceres, el monumento a Franco de Tenerife, el monumento a Carrero Blanco en Santoña o la Pirámide de los italianos del puerto del Escudo (Burgos), declarados torticeramente Bienes de Interés Cultural (BIC), muestran a un Partido Popular y Vox abrazados a la radicalidad reaccionaria, defendiendo lo antidemocrático, retorciendo leyes autonómicas para soslayar una Ley del Estado. Espacios como la Pirámide, hoy en manos de una asociación ultra, deberían ser, en todo caso, Lugares de Memoria Democrática y ser convenientemente resemantizados. Patrimonializar ideologías excluyentes es caminar hacia atrás en la Historia. Mejor sería hacerlo con la Democracia, si es que de verdad están concernidos por ella.