BIENES SIN INTERÉS

IGNACIO FERNÁNDEZ DE MATA
DIARIO DE BURGOS, 15/09/2026. Página 5. 

 Por medio de un subterfugio legal, triquiñuela que denominaremos romanonesiana, la derecha plusultra trata de sustraerse a la aplicación de la Ley 20/2022, de Memoria Democrática. Una mente administrativista ha pergeñado una estrategia contrademocrática ─otra─ con la que devaluar aún más la caquéxica democracia española.

La Ley 20/2022 busca fortalecer la democracia atendiendo a las muchas tipologías de víctimas generadas por la represión e intolerancia nacionalcatólica. También establece el compromiso del Estado con el Deber de Memoria, reconociendo la larga lucha por la implantación de la democracia plena a partir del constitucionalismo español surgido en 1812, junto a las distintas luchas de sujetos y movimientos sociales por alcanzar las libertades y derechos que hoy disfrutamos. Todo en la más estricta senda del respeto al Derecho Internacional Humanitario, los Derechos Humanos y los Tratados Europeos.

Tales propósitos, sin embargo, no son del gusto de los plusultra. La lógica desaparición de los vestigios franquistas no cuenta con el apoyo de estos pseudodemócratas, que no ven contradicción alguna en su preservación mientras tratamos de consolidar los valores democráticos (constitucionales). O tal vez no. Quiero decir, tal vez ellos no estén en eso.

Proteger los restos de la dictadura franquista mediante la utilización de las leyes de Patrimonio autonómicas es un recurso perverso que, a buen seguro, será anulado por el Tribunal Constitucional. Por más problemas que podamos percibir en la gestión del patrimonio, una democracia no puede declarar los residuos de una dictadura tan cruel y represiva como fue la franquista, como un bien de valor patrimonial. Esta corrupción absoluta del valor patrimonio supone enaltecer la represión más sangrienta, la intolerancia, la falta de derechos y libertades. Casos como la Cruz de los Caídos de Cáceres, el monumento a Franco de Tenerife, el monumento a Carrero Blanco en Santoña o la Pirámide de los italianos del puerto del Escudo (Burgos), declarados torticeramente Bienes de Interés Cultural (BIC), muestran a un Partido Popular y Vox abrazados a la radicalidad reaccionaria, defendiendo lo antidemocrático, retorciendo leyes autonómicas para soslayar una Ley del Estado. Espacios como la Pirámide, hoy en manos de una asociación ultra, deberían ser, en todo caso, Lugares de Memoria Democrática y ser convenientemente resemantizados. Patrimonializar ideologías excluyentes es caminar hacia atrás en la Historia. Mejor sería hacerlo con la Democracia, si es que de verdad están concernidos por ella.