DIARIO DE BURGOS, 02/04/2024. Página 5.
La propuesta, que derogaría el Decreto de Memoria Histórica y Democrática vigente, parte de una gran presunción: somos imbéciles. Ha de venir Vox a iluminarnos sobre qué hemos de saber, qué podemos investigar, qué podemos conocer, qué podemos decir o publicar. Es, pues, un ejercicio de mala fe, de proyección de ignorancias y de tergiversación de lo que significa la Historia, la Libertad, los derechos individuales y colectivos, ¡ah!, y la concordia.
Vox, y al parecer el PP, nada saben de qué cosa es la Historia, de la que freudianamente desconfían. Creen que las Leyes de Memoria se basan en un ajuste de cuentas, en la contraposición de versiones ─o memorias─. Ignoran que las Leyes de Memoria, a pesar de lo que su nombre indica, se basan, en primer lugar, en la Historia, que es una disciplina académica, ajustada a una metodología científica, desarrollada por profesionales cualificados que analizan los hechos del pasado desde la comprensión de sus contextos de época. La Historia no es una versión, es un conocimiento plural del pasado, en el que puede haber discrepancias, normalmente no de orden fundamental. Lamentablemente para la ultraderecha, nunca será una fe, una religión. En segundo lugar, las Leyes de Memoria se fundamentan en el Derecho, en este caso en uno de los capítulos más dignos de la codificación jurídica: los Derechos Humanos. Ambos elementos, Historia y Derecho, se conjugan para dar a estas leyes su gran valor, su gran sentido basal: la reparación. Esta se dirige, de manera directa, a las víctimas que aún portan en su memoria la afrenta de crímenes e indignidades que han de ser atendidas; pero también al resto de la sociedad que ha elegido vivir en democracia y debe conocer su pasado. La expresión Memoria Democrática supone la necesidad de encarar la fealdad del pasado para, desde un compromiso ético, construir un presente democrático. No se puede ser franquista para el pasado y pretendidamente demócrata para el presente.
