DIARIO DE BURGOS, 24/12/2024. Página 5.
El año se
despide con promesa de más de lo mismo: la perseverancia de algunos en el emporcado
de la Justicia, una estrategia de perdedores amorales para dañado del sistema
y, sin lugar a duda, para perjuicio del ciudadano inerme.
Esta
estrategia de devaluación democrática fue impulsada hace décadas por los think
tank del entorno neocon norteamericano. En España la derecha ha
cultivado con mimo esta táctica entrista de utilización del poder judicial, que
ha pasado del viejuno control de algunos jueces en puestos de las cúpulas del
CGPJ y altos tribunales, a directamente diseñar y ejecutar campañas de acoso y
derribo político por medios judiciales.
Solo gentes de
muy bajo compromiso democrático ─el pasado y la nostalgia pesan sobremanera─ pueden
creer que existe algún tipo de elemento de veracidad en las pseudocausas contra
la esposa y hermano del presidente del Gobierno. Como igualmente sucede en el
absurdo encausamiento del Fiscal General del Estado, así sucedió con la sucia
persecución contra Podemos, o el vergonzoso linchamiento judicial de Mónica
Oltra. También ha quedado demostrada la falsedad de los ERE de Andalucía. Todo
es nada, vaciedad, humo, ruido. A los intereses momentáneos de una campaña de
desprestigio, las acusaciones, tantas veces ridículas, nimias, son jaleadas por
medios de comunicación intoxicadores, controlados directamente por el partido
que gobierna la Junta, la Comunidad, la Diputación… mediante ayudas,
subvenciones directas, pues han atado su supervivencia a la mano que les da de
comer, y que dicta qué publicar.
Hay,
evidentemente, una cuestión de ritmos. Pero también de controles. Es evidente
que el juez Peinado está actuando fuera de todo principio jurídico básico. Igualmente,
que no se debería permitir que la acusación popular fuera ejercida por
organizaciones ultras vesánicas que denuncian sin mayor base que unos recortes
de pseudomedios interesados. Entretanto, ¿qué hace el CGPJ? Porque la gran
paradoja del sistema de equilibrios constitucionales es que el poder judicial
no parece responder ante nadie y, de momento, no actúa para acabar con estos
esperpentos, salvo cuando el daño ha sido tan gravoso y alejado en el tiempo
que sus resoluciones apenas tienen valor reparativo.
¿Qué le queda
al ciudadano estupefacto que contempla la degradación de la Justicia? ¿Acudir a
la OCDE para que emita un informe sobre la calidad democrática de la Justicia
en España? Quien apoye este juego, trabaja desde la deslealtad constitucional
en pro del autoritarismo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario