DIARIO DE BURGOS, 25/11/2020. Contraportada
La reciente
aprobación de la Ley de Educación, LOMLOE, conocida como Ley Celaá, supone una
normalización del sector educativo y un ejercicio de cohesión social necesario.
Estamos ante una ley positiva, en línea con la legislación de los países más
avanzados de la OCDE y es de esperar que surta los cambios precisos en el
sistema, en la formación del profesorado y en el modelo docente para alcanzar
mejores resultados educativos, que falta hacen.
El primer beneficio
de la nueva norma está en acabar con la LOMCE o Ley Wert, impuesta por el
Partido Popular en 2013, cuyos resultados más evidentes se vieron en el informe
PISA del año pasado: España bajó cinco puntos en matemáticas y diez en
ciencias, situándonos a la cola de los países de la OCDE (puesto 28 de 37). El
otro elemento clave es su apuesta decidida por una educación pública capaz,
sólidamente financiada; un elemento clave para contar con un país preparado ante
cualquier crisis, con verdadera igualdad de oportunidades para todos.
Resulta penoso
ver cómo la enseñanza concertada ha cedido su medios, redes y púlpitos a la
campaña antigubernamental orquestada por la oposición, con el decidido apoyo de
la Iglesia. Buscando desgastar al Gobierno, sembrar desafección y miedo, se
está manipulando a los padres con cartas y soflamas sobre el cierre de los
centros concertados. Uno esperaría de maestros y profesores, y aún de padres
del Ampa, un interés acorde a su profesión y cualificación, vaya, que en vez de
regirse por el whatsapp de un fulano acudieran al texto legal para comprobar si
es verdad que está en riesgo su centro concertado. Y ya se lo anuncio: no. Las fake
news llegan porque la LOMLOE debilita el peso de la religión que, sin
embargo, sigue presente en la oferta educativa; porque prioriza la no
segregación por sexos, amén de la educación en valores de igualdad, respeto y
multiculturalidad. Tampoco es verdad que el castellano desaparezca. Ni que la
Ley fomente la vagancia al abordar el problema de los repetidores (nuestro país
tiene un disparado 28,7%, frente al 11,4% de media de la OCDE). Ni van a cerrar
los centros de Educación especial.
Los intereses
son, evidentemente, otros. Se juegan más arriba. Y no tienen nada que ver con
la Libertad y, dudo mucho, con la Educación.