Hay un
proyecto social que va más allá de caras y supuestos pactos. La reiteración en
medidas como la supresión de impuestos a los más ricos, la privatización de
servicios, el fin de políticas de equidad, las de igualdad, la extinción del
sindicalismo, la ruptura con los ideales democráticos y la memoria de sus
luchas, con los procedimientos constitucionales, etc., muestran un plan claro:
cambiar la sociedad. Lo hicieron Reagan y Thatcher convirtiendo al Estado de
Bienestar o Estado Social en un monstruo pseudocomunista contrario al
neoliberalismo. Fue el principio del fin con la pérdida de las estratégicas
empresas estatales que daban eficacia al Estado, a sus servicios, al mejor
acceso a lo público. El resultado fue el reforzamiento de los círculos ideológico-sociales
del conservadurismo, de sus camarillas. Y el empobrecimiento de la población.
Las últimas
crisis, como la del euro, la covid o incluso la guerra de Ucrania han mostrado
la importancia del Estado como coordinador de políticas de escudo para la población,
de atención a quienes no habrían podido costearse apoyos, ayudas, sostenimiento
de negocios y salarios, control de precios, vacunas, subvenciones… El éxito de
estas políticas sociales se ha topado, no por casualidad, con una brutal
ofensiva ultraconservadora contraria a todo este new deal keynesiano.
Los discursos de apariencia fatua de Isabel Díaz Ayuso sobre la libertad y
tomar cañas son la espuma de una llamada al libertarianismo ultra que
pretende romper el pacto social y asentar la idea de ilegitimidad de todo lo
que atente contra sus intereses neocon. No es casual que los primeros decretos
de todos los nuevos gobiernos ultraconservadores sean, indefectiblemente, la
supresión de impuestos a los más ricos y medidas que traten de dejar sin efecto
la Ley de Vivienda, en defensa de los grandes tenedores.
Castilla y
León, Aragón, Valencia, Extremadura…, repiten el modelo impuesto. Esta
reiteración muestra que ni las autonomías ni los ayuntamientos gobernados por
la entente PP-Vox están atentos a las necesidades de los ciudadanos, a las
particularidades de cada territorio. Se trata de revertir el modelo social. Se
busca liquidar el Estado protector de los más desfavorecidos, acabar con la
igualdad de oportunidades. Quieren implantar la competencia feroz e injusta,
pues los que más tienen son, además, dopados con el vaciamiento de lo público
hacia sus negocios (sanidad, educación, defensa, atención social…).
La
imposibilidad de hacerse con el Gobierno de España va a llevar al PP a cometer
otro acto de traición al modelo constitucional español: deslegitimar los
resultados electorales para pintar a un presidente Sánchez como una suerte de
obseso-maniaco del poder. De nuevo, Sánchez como Anticristo. Esta manipulación
emocional a través del retorcimiento de palabras y emociones, trata de
convencer a sus votantes de que el nuevo gobierno progresista que pueda haber
en España es el principio del fin. La muerte de la nación española, dirá el
privatizador Aznar, el de la burbuja inmobiliaria, el del todo un consejo de
ministros encausados judicialmente. Otra vez la retórica apocalíptica.
De momento, lo
único que está claro es que no hacerse con el Gobierno de España es un varapalo
para la estrategia ultraconservadora de revertir el modelo de protección social
que establece la Constitución Española. Habrían laminado el país de arriba
abajo gracias a su extensión autonómica y municipal. Tocaban con los dedos su
posibilidad de hungarizar España.
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